ANPE aplaude la iniciativa legislativa que propone la gratuidad de los libros de texto
Se trata de un sistema de préstamo y reutilización, creando un banco de libros y material curricular en los centros sostenidos con fondos públicos, y la posterior rotación de los ejemplares de unos alumnos a otros. La gestión y supervisión del sistema en cada centro correrá a cargo de una Comisión de Gestión dependiente del Consejo Escolar y de una Comisión de Seguimiento dependiente de la Administración.
ANPE sostiene que la medida constituye un instrumento indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades, especialmente de los más desfavorecidos.
La educación está consagrada como derecho fundamental en el artículo 27.1 de la Constitución española "la enseñanza básica es obligatoria y gratuita" y asignando a los poderes públicos la obligación de garantizarlo.
Por su parte, la LOE dispone en su artículo 4.1 que "la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas" y en su artículo 3.3 precisa que "la educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la educación básica". El artículo 3.10 de la misma ley se establece que "los ciclos de Formación Profesional Básica serán de oferta obligatoria y de carácter gratuito". Finalmente, el artículo 88.2 de la citada Ley Orgánica de Educación establece que "las Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la gratuidad de las enseñanzas de carácter gratuito".
La gratuidad de los libros de texto ha sido larga e infructuosamente perseguida a los largo de años. Así, ya en su Informe del curso 1998-1999 y posteriormente en mayo de 2014 fue reclamada por el Consejo Escolar del Estado, petición ratificada este mismo martes día 8 de enero de 2019. También el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley a su favor y el Defensor del Pueblo en su Estudio sobre la gratuidad de los libros de texto, ambos en 2013.
Asturias mantiene un modelo de préstamo que no alcanza más que a una ínfima parte de los escolares, poco más del 10% de los más de 100.000 alumnos del Principado. Además, la normativa actual considera que una familia con dos hijos que no supere el umbral de renta de 20.000€ está en condiciones de sufragar los aproximadamente 300€ que cuestan de media los libros de texto, sin contar el resto de material escolar. La cantidad que se concede es obviamente insuficiente: 105€. El monto total de la última convocatoria fue de unos 2.300.000€
La propuesta de Ley presentada ante la Junta Gral es prácticamente impecable: establece la universalidad de la gratuidad en consonancia con la Constitución y la LOE; regula con solvencia la adhesión de las familias y la obligación de devolver los libros en buen estado, fomentando en alumnos y familias la concienciación social sobre la importancia de los bancos de libros, así como de la reutilización basada en el préstamo, la solidaridad y el respeto hacia el material escolar; la propuesta de ley establece un plazo mínimo de vigencia razonable de 4 años en los que se deben de mantener los libros de texto.
Sin embargo, la ley se va a encontrar con algunas dificultades que me atrevo a enunciar:
1.- La vigencia de los libros de texto está condicionada por el execrable comportamiento de nuestros legisladores, que modifican a su antojo las leyes educativas y los currículos. La única solución viable es la existencia de un Pacto de Estado en materia educativa que regule también la gratuidad de los libros de texto.
ANPE aplaude la iniciativa legislativa que propone la gratuidad de los libros de texto
En comparecencia en la Junta General del Principado, el presidente de ANPE, Gumersindo Rodríguez, aseveró que se trata de una necesidad, pero también de una obligación.
Una necesidad, porque ANPE sostiene que la medida constituye un instrumento indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades, especialmente de los más desfavorecidos.
Y una obligación, porque la educación está consagrada como derecho fundamental en el artículo 27.1 de la Constitución española "la enseñanza básica es obligatoria y gratuita" y asigna a los poderes públicos la obligación de garantizarlo. Por su parte, la LOE dispone en su artículo 4.1 que "la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas" y en su artículo 3.3 precisa que "la educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la educación básica". El artículo 3.10 de la misma ley se establece que "los ciclos de Formación Profesional Básica serán de oferta obligatoria y de carácter gratuito". Finalmente, el artículo 88.2 de la citada Ley Orgánica de Educación establece que "las Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la gratuidad de las enseñanzas de carácter gratuito".
La gratuidad de los libros de texto ha sido larga e infructuosamente perseguida a los largo de años. Así, el Consejo Escolar del Estado reclamó esta medida en su Informe del curso 1998-1999 y posteriormente en mayo de 2014, petición ratificada este mismo martes día 8 de enero de 2019. También el Congreso de los Diputados aprobó en 2013 una proposición no de ley a su favor y el Defensor del Pueblo lo recogía en su Estudio sobre la gratuidad de los libros de texto, de ese mismo año 2013.
Asturias mantiene un modelo de préstamo que no alcanza más que a una ínfima parte de los escolares, poco más del 10% de los más de 100.000 alumnos del Principado. La cantidad que se concede es netamente insuficiente: 105€. La normativa actual considera que una familia con dos hijos que no supere el umbral de renta de 20.000€ está en condiciones de sufragar los aproximadamente 300€ que cuestan sólo los libros de texto, sin contar el resto de material escolar. El monto total de la última convocatoria fue de unos 2.300.000€ entre la pública y la concertada.
La propuesta de Ley es prácticamente impecable: establece la universalidad de la gratuidad en consonancia con la Constitución y la LOE; regula la adhesión voluntaria de las familias y la obligación de devolver los libros en buen estado; fomenta en alumnos y familias la concienciación social sobre la importancia de los bancos de libros, así como de la reutilización basada en el préstamo, la solidaridad y el respeto hacia el material escolar; además, la propuesta de ley establece un plazo de vigencia razonable de 4 años en los que se deben de mantener los libros de texto.
2.- La apuesta por la digitalización del conocimiento es plausible, pero debe de ir acompañada de inversiones en materia de soportes digitales para los alumnos (como portátiles o tablets) y en conexiones a la red internet que hoy son deficientes en muchos colegios.
3.- El artículo 8 del proyecto de ley regula la Gestión del sistema de préstamo. En este apartado es donde surgen más dudas, ya que nuestra experiencia no es buena por la abusiva e inaceptable tendencia de la administración a atribuir tareas burocráticas no docentes al profesorado. La gestión del préstamo de libros es una de ellas. Otras CCAA lo han solucionado sumando voluntariedad y retribución, es decir, abonando un complemento retributivo a quien voluntariamente quiera desempeñar la tarea. No nos conformamos por tanto con la reducción de la jornada lectiva que la ley propone en su art 8.4. Los docentes trabajan por un salario, no por retribución en especies.
4.- En materia de financiación, art. 9 de la Ley, nos preocupa que el Ppdo caiga en la tentación de detraer el presupuesto para libros de las cantidades dedicadas al mantenimiento del sistema educativo, especialmente de las nóminas de los docentes asturianos, ya suficientemente castigados al ser los peor pagados del Estado español y cuya equiparación salarial con otras CCAA lleva ANPE largo tiempo reclamando.
La aprobación de esta Ley sería una magnífica noticia para la Educación. Sin embargo, barruntamos que no va a ocurrir. Los que tienen la potestad de impulsar la ley recurrirán al manido recurso de la limitación presupuestaria para no hacerlo.
Somos conscientes de que no es fácil equilibrar las cuentas, pero hay maneras de gestionar desde la eficacia administrativa, que permitiría ahorrar a la par que ser eficiente, prestando los mismos servicios. Por poner un ejemplo: sólo con la implantación del software libre, se ahorrarían cada año millones de euros en aplicaciones informáticas de pago y licencias, cuyo coste multiplica lo que se dedica ahora al préstamo de libros.
La Educación gratuita con mayúsculas es un servicio primordial que ANPE defiende y es obligado garantizar su acceso a toda la ciudadanía.
