Unas declaraciones de la Exministra García Tejerina han abierto una enorme polémica al afirmar que un niño de 10 años en Andalucía sabe lo que uno de ocho años en Castilla y León. Ello ha puesto de manifiesto el debate de las "significativas diferencias" académicas que existen entre las regiones españolas y a ello se llega extrapolando los resultados del informe PISA que, en ningún caso, nos pueden conducir a ese resultado tan determinante de una diferencia de dos años en esos niveles educativos, aun reconociendo la brecha significativa existente entre unas CCAA y otras.
Desde ANPE hemos sido muy críticos con PISA, cuyos informes no dejan de ser unos indicadores muestrales, por la poca población escolar que participa en este examen y porque las pruebas evalúan las competencias y no los conocimientos de los alumnos. Además, hay que tener en cuenta que las posiciones de partida y las realidades sociales son distintas en cada territorio.
Tampoco podemos negar que la brecha existe entre regiones, en poblaciones e incluso dentro de los propios centros educativos. Son muchos los factores que inciden en los resultados de estas pruebas. El problema de fondo, como venimos denunciando reiteradamente desde ANPE, es la enorme desvertebración educativa que soportamos y la fragmentación en 17 subsistemas de nuestro sistema educativo. Y ello afecta a la igualdad de derechos no sólo del alumnado, sino también del profesorado en función de la CCAA en que residan.
Por eso afirmamos que la educación como herramienta básica de regeneración social debe ser un asunto de Estado y no de partido o de territorio, y en esta línea hemos venido reclamando un pacto o acuerdo básico que debe ser político, social y territorial. Y decimos territorial porque otro aspecto que no hemos logrado solucionar es el de la vertebración y cohesión de nuestro sistema educativo, cada vez más disgregado y que tiene una evidente incidencia en los problemas territoriales que ahora estamos viviendo.
Para ANPE, cualquier reforma educativa – que es política de Estado - debe afirmar la garantía de unas enseñanzas básicas comunes; la coordinación y cooperación entre todas las administraciones educativas; y la garantía para todos los alumnos del dominio de la lengua común del Estado junto a las lenguas cooficiales de sus respectivas comunidades autónomas. Y la asunción de las competencias por las CCAA no es incompatible con este marco común básico, como recientemente ha dictado el Tribunal Constitucional respecto al uso de las lenguas. Hacemos extensivo estos criterios a los Cuerpos estatales que deben regirse por las mismas condiciones de acceso, el derecho a la movilidad en todo el territorio y a la equiparación salarial. Sólo así se evitarían las enormes diferencias y desigualdades entre unas CCAA y otras como podemos comprobar con los propios resultados de los informes internacionales. Porque PISA no evalúa al sistema educativa español sino a las fracciones que representan determinadas CCAA y no todas.
Recientemente la Comisión de Educación del Congreso ha aprobado por unanimidad una Proposición no de Ley para recuperar la asignatura de Filosofía en la ESO y Bachillerato. La intención ahora es incluir el texto en el proyecto de ley que está elaborando el Gobierno para modificar la Lomce. El texto señala la intención de «diseñar un currículum común para todo el sistema educativo no universitario, que sea al mismo estable y flexible en los contenidos». Es una buena decisión en la línea de recuperar consensos en educación que debería ampliarse a otras muchas cuestiones pendientes.
Ello es básico si queremos que la educación sea un instrumento idóneo para articular y vertebrar la cohesión social y la igualdad de derechos de todo el alumnado y el profesorado en todo el territorio nacional.
