Bajo el título “Protocolo de Salud Laboral para la Prevención de contagio por COVID-19 en el ámbito laboral del Personal Docente” se ha intentado colar un plan diseñado para el conjunto de la administración del Principado, por un plan adaptado para los centros educativos y el profesorado.
La administración ha renunciado así a la efectiva protección de la seguridad y salud laboral de sus trabajadores, el profesorado, refugiándose en un compendio voluntarista, sin concreción, de meras recomendaciones generales, que son de aplicación a toda la población, no sólo la docente. Nadie las discute: son sugerencias oportunas de aplicación al común de los mortales, también al personal docente (higiene de manos, mantener la distancia de seguridad, uso de mascarilla, ventilación y desinfección de los espacios de trabajo, dispensadores jabonosos, tratamiento de residuos…).
El carácter de recomendación que se atribuye a todas las medidas propuestas es inaceptable. Porque ¿desde cuándo las medidas de seguridad y la salud laboral son potestativas y no de obligado cumplimiento? Los trabajadores tienen derecho a desempeñar sus funciones en centros educativos seguros.
Una vez más, se ha optado por pasar la patata caliente a los equipos directivos, a quienes se ha trasladado toda la responsabilidad organizativa, como la limpieza y desinfección del centro educativo, la compra de material de protección, etc, pertrechados no con instrucciones claras y concretas, sino sólo con recomendaciones.
Pero el problema surge cuando se hacen propuestas en abierto, sin concreción alguna aplicada al ámbito escolar, como que se sugiera regular “la circulación de las personas”, sin ofrecer un atisbo de solución para los múltiples alumnos entrando y saliendo de las aulas en cada cambio de clase, deambulando apelotonados por pasillos y escaleras normalmente estrechos. Por poner sólo un ejemplo.
Tampoco se instruye nada sobre otros servicios y espacios, como la entrada y salida del colegio o la organización de la biblioteca, gimnasio, patio, sala de ordenadores, vestuarios, laboratorios, comedor o el transporte escolar, que forman parte de la vida diaria de un centro educativo.
Los alumnos entran y salen de continuo de aulas, talleres, laboratorio…; comparten herramientas, ordenadores, pupitres, sillas, percheros, baños, etc.; ¿de verdad la recomendación es limpiar y ventilar sólo una vez al día? Quien tenga hijos ya sabe que la contingencia de casos de contagio de gripes, diarreas y otras infecciones afecta a menudo al 100% de los escolares. ¿Qué creen que va a pasar con el covid19?
Si no se establece un protocolo obligatorio y riguroso (como vemos en videos de colegios chinos o japoneses) el contagio está asegurado. Y los docentes, por edad (más de la mitad de la plantilla tiene 50 o más años) y enfermedades propias, son un colectivo de riesgo, con una tasa de letalidad alta.
Los profesores trabajan en contacto directo con los alumnos, la interacción personal es una realidad inevitable. Incluso si saliera adelante la ocurrencia de establecer turnos rotatorios, se necesitarían aulas de 60 m2 para albergar a un máximo de 15 alumnos respetando la distancia de seguridad de 2 metros. ¿Existen esas aulas en los centros? No.
El Plan se extralimita, finalmente, al barruntar también la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo del profesorado, proponiendo la docencia bimodal, presencial y a distancia, lo que supondría doblar la jornada laboral de los docentes. Una pretensión inadmisible que cuenta con el rechazo frontal de ANPE.
Y la Mesa Sectorial sin convocar.
Si ocurre, repetiremos lo que ya reclamamos, sin éxito, en las reuniones de los Comités de Salud. En resumen, que ni profesorado ni alumnado puede volver a las aulas sin las medidas de seguridad e higiene señaladas por los expertos; y de manera específica, que ANPE defiende la necesidad de test generalizados para la población escolar (alumnos y profesores), control de accesos y toma de temperatura.
