Educación pasa la patata caliente de la planificación de final de curso a los equipos directivos y al profesorado.
Se anunciaba hace unos días en prensa y se ha ratificado hoy, tras la infructuosa reunión de la conferencia sectorial de educación entre las CCAA y el MEFP. El Ministerio ha renunciado a ejercer su liderazgo como responsable del currículo y las competencias clave al no establecer un marco común y trasladar toda la responsabilidad a las CCAA, que puede devenir en diferencias entre las mismas afectando al principio de igualdad de oportunidades del alumnado.
A su vez, la Consejería de Educación del Principado traslada esta misma responsabilidad a los docentes, a quien se le pide un Plan de Trabajo que diseñe el final de curso en Asturias, sin contar para ello con el marco legal adaptado a las circunstancias actuales.
El objetivo es el aprobado general. Encubierto, eso sí. Porque se pretende hacer pasar una decisión política por una decisión del profesorado, a quien se le pide expresamente “que ningún alumno se quede atrás”, es decir, que nadie suspenda. Por si quedaban dudas, se ha afirmado “que no se hagan exámenes, pero si se hacen que sean en positivo” y que para titular ”se adaptarán los criterios exigibles, y la repetición de curso será, con carácter general, una excepción”.
Al profesorado se le está diciendo por activa y por pasiva en reuniones, escritos, ruedas de prensa, etc., que no avance materia, es decir, que recorte contenidos, y que evalúe al alumnado y decida sobre su promoción o no en función de lo avanzado de manera presencial los dos primeros trimestres ya completados, sin considerar, excepto que sirva para mejorar nota, los contenidos o aprendizajes que vayan a trabajarse en el tercer trimestre que acaba de empezar.
Antes de ir de frente abordando la situación y facilitando el trabajo de los docentes, que ya bastante tienen con sostener en las mejores condiciones una docencia a distancia que han tenido que construir desde la nada porque nada había; antes de dar instrucciones precisas en el BOPA sobre cómo tiene que producirse la evaluación y la promoción de los alumnos, la Consejería ha eludido su responsabilidad y ha pedido a los equipos directivos y al profesorado la elaboración de un Plan de Trabajo en cada uno de los centros educativos de Asturias para planificar el final de curso, que debe recoger cómo se coordinan los equipos docentes, los criterios para determinar y medir las tareas que se mandan a los alumnos, así como “qué criterios adoptan los equipos directivos para hacer la evaluación final”, y el contacto con las familias. De manera que van a existir 400 planes de trabajo distintos, tantos como centros educativos públicos.
ANPE está de acuerdo con que las circunstancias son excepcionales y que es necesario adaptarse, flexibilizar a través del mecanismo que ofrece la evaluación continua, valorando con objetividad y rigor el desempeño de los alumnos a lo largo de dos trimestres presenciales ya cursados, pero sin olvidar los contenidos y competencias que se han trabajado desde el inicio del estado de alarma y los que se trabajen en el tercer trimestre. Las decisiones sobre la evaluación y promoción del alumnado deben recaer en el profesorado, en ningún caso las decisiones de promoción casi generalizada de curso que se pretende pueden socavar el principio de autonomía de los centros y la libertad de cátedra del profesorado.
Llegados a este punto, la administración debería explicar cómo pretende que los alumnos pasen de curso sin haber aprobado y cómo se adquieren competencias sin adquirir los contenidos.
Los alumnos tienen derecho a una evaluación objetiva, de acuerdo con su desempeño, y los docentes la obligación, como funcionarios, de acatar la norma.
Por eso, la administración tiene la obligación de dotar del marco legal mediante resolución en BOPA, en la que se diga qué se evalúa y cómo se evalúa. Lo demás sobra todo, porque sólo aporta descrédito al ímprobo trabajo y esfuerzo de profesores y alumnos en estos días, y dudas de legalidad en las notas que se pongan y las decisiones sobre la promoción.
Finalmente, desde ANPE abogamos por la puesta en marcha de programas de refuerzo en el inicio del próximo curso para aquellos alumnos que hayan acabado peor el presente curso escolar por no haber podido seguir las clases a distancia, que tienen que venir acompañados por la reducción de ratios y la contratación de profesorado específico así como abordar la digitalización total de los centros y del alumnado, evitando la brecha digital actualmente existente.
A estos efectos, ANPE Asturias reclama la inmediata convocatoria de la Mesa Sectorial de Educación.
