El Gobierno central publicó el pasado 22 de abril en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 154/2020 de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo como consecuencia de la pandemia por la Covid-19. Ese texto legal se utilizó para introducir una modificación competencial del Régimen de Clases Pasivas, de forma que deja de estar bajo el paraguas del Ministerio de Economía y Hacienda y pasa a integrarse en el Ministerio de Seguridad Social.
Según se contempla en las disposiciones adicionales de este decreto, con este texto legal se inicia un traspaso que se terminará de materializar cuando se valide otro Real Decreto de estructura del Ministerio que dirige José Luis Escrivá. De momento, se aprueba que la gestión de pensiones y otras prestaciones del personal del Estado pasarán a depender, en primera instancia y de manera transitoria, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y, con posterioridad, del Instituto Nacional de Seguridad social (INSS).
Así, una vez se publique el real decreto de estructura del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, comenzarán los trámites para la adaptación de la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera que permitan la asunción de la gestión de las prestaciones del Régimen de Clases Pasivas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
El real decreto del pasado 22 de abril también especifica que el Estado transferirá el importe necesario para la financiación de la gestión del sistema de Clases Pasivas, de forma que no recaerá en las entidades gestoras de la Seguridad Social, es decir, no se pagará con las cotizaciones sociales. Hay que tener en cuenta que desde el 1 de enero de 2011 no se incorporan nuevas personas al Régimen de Clases Pasivas, sino que los nuevos funcionarios son incorporados al Régimen General de Seguridad Social.
Los servicios jurídicos de ANPE confirman que esta reorganización no implica ningún cambio en las prestaciones, los tipos de jubilación o las cuantías, sino que se trata de un cambio en la titularidad de la gestión. Por tanto, el profesorado acogido a las clases pasivas no sufre ningún cambio en las condiciones a las que tenía derecho hasta la fecha.
Ahora bien, lo cierto es que el Gobierno ha aprovechado el estado de incertidumbre en el que vivimos para aprobar un cambio normativo, cuya "urgencia" hay que ponerla entre comillas. Si esto tiene un trasfondo que va más allá, lo veremos con el tiempo, y si esto significa el principio de una reforma también habrá que estar alerta.
ANPE defenderá, en todo momento y con los medios disponibles que están a su alcance, los intereses del colectivo de profesores que pertenecen al Régimen de Clases Pasivas, para que no se vean lesionados ni disminuidos sus derechos.
