La Consejería de Educación ha presentado unas instrucciones para el retorno a las aulas del personal docente que ANPE califica de inconcretas porque no ofrecen medidas precisas; abusivas, por atribuir responsabilidades que exceden las competencias de los equipos directivos; y discriminatorias, frente a otras Administraciones públicas
- ANPE reitera que ni docentes ni alumnos deben de acudir a las aulas sin condiciones de seguridad, especialmente las personas declaradas de riesgo o vulnerables.
- ANPE propone la realización de test masivos para la población escolar y la toma de temperatura a la entrada de los centros como medidas efectivas para la protección de la salud, además del uso obligatorio de mascarillas, una apuesta decidida por la digitalización de los centros educativos renovando los actuales equipos informáticos obsoletos y el uso de documentos oficiales en formato digital, cobertura de bajas y jubilaciones, reducción de ratios y refuerzo de plantillas, así como formación adecuada a los docentes sobre nuevas metodologías.
- ANPE ha manifestado su oposición al documento, exigiendo protocolos claros, precisos, rigurosos y de obligado cumplimiento en todos los centros educativos.
- ANPE pide a la administración que no se precipite y evite volcar toda la responsabilidad en los equipos directivos.
El documento ha sido debatido en la Mesa Sectorial de Educación celebrada en la mañana de este lunes 18 de mayo, con los representantes del profesorado de la educación pública. La Mesa ha sido un mero trámite: se quiere hacer pasar por negociadas con los sindicatos unas instrucciones de vuelta a las aulas que ya han sido decididas y anunciadas por la Consejería con carácter previo.
Las instrucciones tienen una extensión de nueve páginas con una introducción y 7 apartados: criterios para la reincorporación de personal docente, personal especialmente sensible, conciliación de la vida familiar y laboral, consideraciones para los equipos directivos, medidas preventivas, organizativas e informativas.
Para ANPE, la organización mayoritaria del profesorado en Asturias, se trata de una fallida declaración de intenciones, sin propuestas específicas para el sector educativo (alumnos, docentes y centros educativos). Un conjunto de medidas inconcretas, llenas de ambigüedades cuya única eficacia es cargar las responsabilidades sobre los equipos directivos de los centros, para que resuelvan un sinfín de necesidades como la limpieza, la organización de los espacios (aulas gimnasio, patios, pasillos, biblioteca…), las entradas y salidas de los colegios, el transporte escolar, el comedor, incluso los turnos de alumnos y/o profesores, etc, a su libre albedrío y con sus propios recursos. La asimetría entre centros educativos está asegurada y si algo sale mal, el culpable está señalado.
Mención expresa merece la atribución de la responsabilidad respecto de la reincorporación del profesorado, pidiendo la combinación de la enseñanza presencial y a distancia, obviando que el equipo directivo no tiene ninguna competencia sobre en esta materia y que además la enseñanza a distancia está sin regular.
El 25 de mayo vuelve a las aulas el profesorado de las etapas terminales de la ESO y Bachillerato, de FP, los miembros de tribunales para las pruebas de acceso a las distintas enseñanzas y obtención de títulos y los especialistas de orientación educativa y psicopedagógica para realizar las evaluaciones psicopedagógicas, y el personal necesario para firmar las actas.
ANPE sostiene que la presencia de gran parte de este profesorado es del todo innecesaria: si ya están los informes psicopedagógicos hechos y se puede realizar la firma a través de medios digitales, ¿para qué someter a estos docentes a riesgos para su salud? Además, estas medidas contradicen la reciente Resolución sobre evaluación, publicada en el BOPA, que establece la evaluación mediante teletrabajo.
En la práctica, se apuntan subrepticiamente medidas que van a suponer la modificación del horario del profesorado (lo que exigiría modificar la vigente Resolución de 6 de agosto de 2001 que establece las instrucciones de funcionamiento de los centros educativos), y del horario general del centro (cuya modificación exige la reunión y aprobación por parte del claustro y del 66% de las familias mediante votación).
Atender al alumnado presencialmente y de forma telemática significaría duplicar la jornada laboral del profesorado, que sólo se soluciona reforzando las plantillas. Además, la consejería se enfrenta a un problema que exigirá inversiones millonarias, para dotar de equipos informáticos a alumnos y profesores y para abordar la digitalización de los contenidos curriculares, porque hasta ahora se ha funcionado con los recursos informáticos pagados del bolsillo y con los recursos académicos propiedad intelectual del profesorado. Si no se revierte esta realidad y se pretende, como parece, mantenerla, las condiciones de trabajo del profesorado habrán retrocedido varios siglos, cuando el trabajador se le obligaba a poner no sólo la mano de obra, sino también las herramientas. Bien lo saben quienes llevan trabajando cada día, de sol a sol, sin derecho a la desconexión digital, ni mental, obviamente, generando altas dosis de estrés y ansiedad entre el colectivo.
Según las instrucciones, las medidas organizativas y de control del cumplimiento de los protocolos deben ser asumidas por la dirección de los centros, al contrario que en otras consejerías, cuyos controles de accesos son realizados por servicios de seguridad contratados para estas funciones, y los elementos de protección son adquiridos y facilitados por las propias consejerías a los centros de trabajo. En Educación se ha optado en cambio por que el equipo directivo adquiera individualmente todos los materiales sanitarios, a cargo del centro, sin ser especialistas en la adquisición de dicho material y negociando de forma individual con los proveedores, lo que implica despilfarro de recursos y pésima organización frente una estrategia de compra centralizada y negociación de mejores condiciones al comprar en mayores lotes.
Reviste extraordinaria gravedad la instrucción que deposita la responsabilidad de la adquisición de los EPIS y EPC (equipos de protección individual y colectiva) y del correcto uso del mismo a la dirección de los centros docentes, incumpliendo de esta manera la ley de prevención de riesgos laborales que en su artículo 17 prescribe claramente que “el empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores”. Con esta propuesta, si el material adquirido es ineficaz o no protege frente al contagio, o si su uso no es el adecuado, toda la responsabilidad recae de nuevo en las direcciones de los centros educativos.
La única medida concreta que puede encontrar en el documento se refiere a “organizar las entradas y salidas por puertas diferentes”. Otras medidas son instrucciones de calculada ambigüedad, formuladas en oraciones impersonales del tipo “se implementará…”, que generan una grave indefensión a los equipos directivos y son totalmente inaceptables, para ANPE.
Si lo anterior ya es preocupante, el apartado relativo a las medidas dirigidas del personal especialmente sensible (personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensos, enfermos pulmonares crónicos, inmunodeprimidos, pacientes oncológicos, embarazadas y personas mayores de sesenta años) es directamente inaplicable al incumplir el principio de jerarquía normativa. El documento establece que “el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Principado (SPRL) elaborará un informe que contendrá medidas preventivas adecuadas para estos colectivos como adaptación o cambio de puesto de trabajo”. Sin embargo, esta instrucción desoye el mandato del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2020 que contempla que el personal vulnerable “de manera general, trabajará telemáticamente”. Decidir que este colectivo acuda presencialmente al centro de trabajo es una temeridad a la que ANPE se opone frontalmente.
ANPE reitera que ni docentes ni alumnos deben de acudir a las aulas sin condiciones de seguridad, especialmente las personas declaradas de riesgo o vulnerables, pues los centros educativos son, según todos los informes, focos de contagio y propagación del virus, razón principal que motivó el cese de la actividad docente por decisión del Gobierno del Principado el 12 de marzo, antes de la declaración del estado de alarma.
Desde ANPE proponemos la realización de test masivos para la población escolar y la toma de temperatura a la entrada de los centros como medidas efectivas para la protección de la salud, además del uso obligatorio de mascarillas, una apuesta decidida por la digitalización de los centros educativos renovando los actuales equipos informáticos obsoletos y el uso de documentos oficiales en formato digital, cobertura de bajas y jubilaciones, reducción de ratios y refuerzo de plantillas, así como formación adecuada a los docentes sobre nuevas metodologías.
ANPE ha manifestado su frontal oposición al documento, exigiendo protocolos claros, precisos, rigurosos y de obligado cumplimiento en todos los centros educativos.
ANPE pide a la administración que no se precipite, que escuche a la comunidad educativa, y evite volcar toda la responsabilidad en los equipos directivos.
