El retorno a las aulas el 8 de enero ha estado marcado por la climatología y por el anuncio reiterado de una tercera ola de covid19, más cruenta.
En Educación, no se ha planificado nada ni tomado ninguna determinación o medida consecuente con aquel anuncio de recrudecimiento de la pandemia.
Más bien al contrario, se ha señalado de nuevo al profesorado, a quien se le pide «prudencia» y «cumplir las normas con rigor» en la vuelta a las aulas. Unas manifestaciones desafortunadas y gratuitas, porque ¿quién sino excepto el profesorado ha facilitado que los centros escolares sean seguros?
Más que ánimos y recomendaciones en prensa, lo que esperaba el profesorado en el regreso a las aulas tras el parón navideño, son políticas concretas para evitar los contagios:
- En primer lugar, que la Consejería hubiera puesto en marcha una campaña de pruebas PCR o de antígenos, como están haciendo algunas CCAA, para garantizar una vuelta segura a las aulas.
- En segundo lugar, que la Consejería asuma el coste de las mascarillas FFP2 que los docentes están pagando de su bolsillo para poder ir a trabajar y que han permitido la ausencia de contagios, con un coste de en torno a los 50€/mes por docente.
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En tercer lugar, que la Consejería establezca de una vez por todas un protocolo claro para la ventilación de las aulas y aporte recursos económicos suficientes a los centros para reforzar la calefacción y/o la instalación de equipos para la purificación del aire y medidores de CO2.
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En cuarto lugar, que se clarifique sin lugar a dudas qué es un contacto directo y en qué casos se confina o se hace cuarentena en el aula, cuyo protocolo ha sufrido variaciones: hemos pasado de confinar y hacer cuarentena a poblaciones escolares completas (Pola de Laviana), centros educativos completos (IES de Lena) y aulas completas cuando había un brote; a confinar únicamente al alumno afectado, sin que se considere contacto estrecho ni los compañeros de aula ni los profesores que imparten docencia en ese grupo. ¿Quién lo entiende?
Ninguna de estas propuestas es tomada en consideración y nada se ha hecho.
ANPE reclama a la Consejería medidas eficaces, concretas y menos complacencia con los supuestos logros en la gestión de la pandemia en los centros educativos, que son atribuibles exclusivamente al compromiso y rigor de equipos directivos y profesorado.
