La nueva normativa supedita el cambio de jornada escolar de los centros educativos al informe favorable de la prestación del servicio de transporte, de acuerdo con las rutas previamente planificadas y contratadas.
La propuesta actual empeora notablemente la regulación que se propone derogar, que contemplaba que la definición del “horario general de los centros educativos tendría en cuenta la planificación del transporte escolar”, pero establecía la salvedad de que, no obstante, "los horarios de las rutas de transporte escolar no podrán ser un impedimento a la autonomía organizativa del centro y de su jornada", redacción que se ha eliminado.
Dicha regulación derogada hacía hincapié, además, en que “en los casos que el transporte escolar afecte a dos o más centros que compartan rutas se establecerán horarios que permitan compatibilizar el servicio”, salvedad habitual que ha sido eliminada de un plumazo.
Por el contrario, la normativa actual establece el requisito preceptivo de informe del Consorcio de Transportes de Asturias, sobre “la viabilidad de la propuesta del nuevo horario en el marco de la gestión de las rutas establecidas y contratadas del transporte escolar”.
Para ANPE se trata de una propuesta abusiva e inadmisible, que condiciona la capacidad autoorganizativa y la autonomía de funcionamiento de los centros educativos, y la adopción de acuerdos por parte de la comunidad educativa, en base a criterios de la empresa de transporte, ajenos al interés educativo.
