El curso empieza lastrado por la insuficiente dotación de plantillas y la tardanza en la publicación de los currículos.
Estos son los principales problemas a los que se enfrenta el profesorado y los centros educativos en este inicio de curso.
En primer lugar, en materia de adjudicación de interinos, hay que empezar felicitando a la Consejería por haber adelantado las adjudicaciones de interinos una semana, lo que permite que 3.200 docentes conozcan sus destinos con la suficiente antelación y puedan organizarse mejor y, por otro lado, a los centros les facilita saber con anterioridad con qué efectivos cuentan.
Sin embargo, demostrada esta diligencia por parte de la consejería, no es descabellado reclamar que la convocatoria de septiembre se hubiera adelantado también, de modo que el día 12 que empiezan las clases no haya ningún aula sin profesor. Algo que no va a ocurrir, porque ahora, como pronto, las 600 contrataciones previstas no llegarán a los colegios hasta el 19 de septiembre.
No es pedir por pedir, creemos que puede hacerse. Las necesidades de plantillas de los centros educativos son de sobra conocidas por educación, ya que esa comunicación se ha producido antes del verano. Adelantar la convocatoria de septiembre es factible para cubrir en plazo esa demanda de los centros ya que se trata de un proceso informatizado que ha funcionado bien en la primera convocatoria de agosto, con miles de docentes y de peticiones de destinos.
Lamentablemente, a día de hoy hay centros educativos que aún no tienen aprobada la plantilla que reclaman para su correcto funcionamiento. De hecho, los equipos directivos apenas han podido descansar ni desconectar por el verano, esperando por esta dotación de profesorado y por la publicación de los nuevos currículos.
En segundo lugar, la tardanza en la publicación de los decretos de los currículos ha generado incertidumbre y un malestar enorme entre los equipos directivos y profesorado, que se verán obligados a adaptar sus programaciones didácticas en un tiempo récord para empezar el curso el día 12 con los cambios que implica la aplicación de la nueva ley: trabajar por proyectos, enseñanza y evaluación por competencias, agrupación de diversas disciplinas por ámbitos bajo la docencia de un único profesional...
Son muchos los cambios a los que obliga la aplicación express de la Lomloe, que ha sido aprobada y desarrollada sin consenso, sin diálogo y con prisas, de la manera atropellada que estamos denunciando.
Las consecuencias de esta imprevisión la van a pagar los docentes, pero también puede resentirse la calidad de la enseñanza, porque los profesores no han tenido literalmente tiempo para adaptar sus metodologías a las nuevas exigencias de la Lomloe, ni ha habido tampoco formación al profesorado para un aterrizaje suave en este nuevo modelo. Es la octava ley educativa de la democracia, es decir, ha habido una nueva ley cada 6 años y así es imposible trabajar ni dar continuidad a ningún proyecto educativo. La educación no puede ser moneda de cambio, ni depender de los vaivenes políticos de un estado democrático.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que venimos de tres cursos durísimos como consecuencia del covid y que el profesorado está desbordado por tantos cambios, ahora además por este nuevo trágala.
La Administración no puede limitarse a publicar los decretos, sino que tiene que hacer aquello que ha anunciado, es decir, prestar ayuda real, ofrecer formación, modelos y guías de las nuevas programaciones para desatascar este inicio de curso, algo que hasta ahora no ha ocurrido.
No es suficiente la flexibilización de los plazos de presentación de las programaciones y la concreción curricular, medida anunciada ayer por la Consejera en la reunión de planificación del curso con los directores, obligada ante el descontento e inquietud que transmite el profesorado asturiano.
En resumen, el panorama en los centros educativos es muy complicado: aún faltan profesores, no hay programaciones adaptadas a la nueva ley y, por otro lado, tampoco se cuenta con la ayuda prometida por la Consejería.
Hay que señalar que el curso empieza con treinta profesores menos que el año pasado en estas fechas, a expensas de la convocatoria de interinos de septiembre. El alumnado arrastra déficits de aprendizaje de estos tres últimos cursos covid y se necesita profesorado de apoyo: la Consejería ha anunciado 18 contrataciones frente a las 298 del pasado curso. Las cifras hablan por sí solas.
El Principado tiene que poner la Educación en el eje de sus prioridades, cumplir los acuerdos firmados y desarrollar políticas educativas que apuesten por la enseñanza pública y su profesorado, como garantes de la calidad de enseñanza para todos.
Para ello, ANPE defiende que hay que afrontar varios retos. Estos son algunos de ellos:
- Reducir la jornada lectiva de los maestros a 23h, como están haciendo otras CCAA, favorecería una mejor atención al alumnado y propiciaría la creación de más de 500 nuevas plazas.
- Reducir la burocracia, que asfixia la actividad docente, por las abrumadoras tareas administrativas.
- Reducir la elevadísima tasa de interinidad (30%) mediante amplias OPEs y terminar con el abuso de las medias jornadas, que suponen el 35% de los interinos contratados.
- Cumplir los acuerdos de plantillas, recuperando los desdobles y los apoyos en infantil.
- Mejorar la convivencia en los centros educativos: tolerancia cero contra la violencia, implantar la figura de la enfermera escolar.
- Reducción de jornada para los mayores de 55 años.
- Equiparación salarial con el resto de CCAA.
- Ejecución de las cátedras.
- Integración de los PTFP en secundaria.
- Ratio máxima de 25 alumnos en Bach y de 20 en Infantil.
- Días de asuntos propios.
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ANPE tiende su mano para el necesario diálogo y negociación, a fin de avanzar y mejorar.
