La presentación del borrador de Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2018 ha generado una gran alarma y malestar entre el profesorado.
Efectivamente, el citado borrador recoge en el CAPÍTULO III: Créditos para gastos de Personal, Artículo 19. Retribuciones del personal funcionario, apartado d) “El complemento de carrera profesional, destinado a retribuir la progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera horizontal”, que abre la categoría 2ª (2º nivel de carrera profesional) a todos los funcionarios Públicos del Principado de Asturias, excepto a los funcionarios docentes.
Hace falta remontarse al año 2007, de puesta en marcha de la llamada carrera profesional, para entender cuál es el grado de olvido del Principado respecto de sus docentes y a los años siguientes para entender qué Organizaciones Sindicales boicotearon sistemáticamente la aplicación del llamado Plan de Evaluación, lo que no impidió que los cuadros de esas organizaciones se inscribieran al mismo, mientras que el personal sanitario adquiría el nivel máximo con sus consiguientes beneficios económicos.
Para el personal docente, que en 2009 carecía del necesario Estatuto Docente, se establecieron unas cuantías equivalentes en el denominado “1º Plan de Evaluación Docente”, que tuvo traslado a la Ley del Principado de Asturias 6/2009, de 29 de diciembre, de Evaluación de la Función Docente y sus Incentivos, aprobada por la Junta General del Principado de Asturias.
En noviembre de 2016, tras la celebración de una Mesa de Negociación del Principado de Asturias en la que ANPE está presente como miembro de FSES (Federación de Sindicatos de Enseñanza y Sanidad), la Administración del Principado se comprometió “a no tomar ninguna medida discriminatoria para los docentes”, afirmación que ahora es desmentida por el borrador de Presupuestos 2018.
ANPE, como sindicato mayoritario del sector docente y firmante del 1º Plan de Evaluación docente, denuncia que con esta medida el Principado propicia una discriminación flagrante del personal docente y establece categorías de trabajadores en función de la Consejería en la que presten sus servicios.
Por ello, ANPE exige que se den los pasos necesarios para la efectiva incorporación del personal docente al 2º nivel del Plan de Evaluación y se dote la partida presupuestaria necesaria en los presupuestos de 2018, al igual que se incluye para otros funcionarios del Principado. Recordemos que se trata de una adhesión voluntaria y que la evaluación del desempeño de la tarea docente, caso de ser superada, genera un derecho económico como complemento de productividad.
Se cumple ahora un año de las sentencias promovidas por ANPE, que permitiron la adhesión del personal interino, en contra de la enconada voluntad de la administración. Hoy, los servicios jurídicos de ANPE están estudiando las posibles medidas para permitir que los docentes tengan el mismo complemento que el resto de funcionarios, en las mismas condiciones de antigüedad (11 años de servicios prestados), según se establezca en la oportuna Mesa de Negociación y desde la misma fecha de incorporación y subsiguiente cobro de derechos retributivos alcanzados.
Debemos de evitar el agravio, el conflicto y la movilización, ante esta incomprensible discriminación a los 11.000 profesionales de la Educación Pública.
