En este tramo final de curso, una vez más se cruzan de forma desafortunada los caminos de la Educación y la Política, viéndose sacrificadas las necesidades de la primera en función de los tiempos e intereses de la segunda.
El precipitado final de la legislatura sume al sistema educativo en general y al colectivo docente en particular, en una profunda incertidumbre, en un momento en que la actual ley orgánica educativa se encuentra aún en fase de desarrollo. Una LOMLOE carente de consenso entre la comunidad educativa y al igual que la ley orgánica anterior, la LOMCE, no representa la profunda reforma que precisa el sistema educativo de cara a las necesidades del nuevo siglo.
En semejante contexto, en caso de un posible cambio de signo político en las elecciones generales convocadas para el mes de julio, los docentes muy probablemente se verían abocados a gestionar una herencia de incierto futuro en forma de nuevos desarrollos curriculares que precisarán de un esfuerzo de adaptación al enésimo vaivén de la normativa.
Paralelamente, el futuro de las plantillas se encuentra más que nunca en el aire. El proceso de estabilización de plantillas es el ejemplo más claro de un procedimiento confuso y cuyo desarrollo ha puesto en evidencia la falta de coordinación entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Carencias que han estado presentes en el proceso de integración del profesorado técnico de FP en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, cuya responsabilidad se ha delegado a las comunidades autónomas, sin el respaldo de una memoria económica, y sin una solución satisfactoria para el profesorado en prácticas, jubilado, interino, etc... que la norma no contempla.
Cabe preguntarse también, sea cual sea el resultado de las urnas, cómo va a afrontar y coordinar el nuevo equipo ministerial, las consecuencias derivadas del proceso de estabilización, en cuestiones como la valoración de los servicios prestados, en el concurso general de traslados, por los nuevos funcionarios ingresados a través de los procedimientos extraordinarios de estabilización.
Desde ANPE advertimos reiteradamente sobre las consecuencias que en los colectivos docentes podían acarrear la integración de unos colectivos en otros, la desaparición de determinados cuerpos, o la carencia de una normativa específica de estabilización en el ámbito educativo, por su especificidad, sin un estudio sosegado negociado en los órganos pertinentes.
ANPE, como primera fuerza sindical del Estado, exige la inminente apertura de un proceso de negociación que ponga en orden las consecuencias de la descoordinada aplicación de las normas y procesos antes citados y clarifique lo antes posible el resultado final de todo el proceso. Es necesario abordar en este escenario la movilidad del profesorado mediante una profunda reforma del Concurso de Traslados docente. En definitiva, urge la creación de un nuevo orden legislativo que permita aclarar las distintas situaciones generadas en un colectivo de vital importancia como es el docente, colectivo esencial para el desarrollo y futuro de un país.
Son muchos los asuntos que afectan al colectivo docente aún pendientes de resolver, entre ellos no podemos olvidar la falta de desarrollo de la disposición adicional séptima de la LOMLOE, estamos a la espera de una verdadera propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente. Entre otras cuestiones, urge fijar, con norma de carácter estatal, al igual que ocurre con las ratios máximas de alumnos por aula, el horario lectivo máximo del profesorado para evitar que se produzcan situaciones discriminatorias entre comunidades con diferentes cargas lectivas, así como acabar con la injusta brecha salarial existente en las retribuciones docentes por comunidades.
Por ello, resulta imprescindible impulsar la enseñanza pública como eje vertebrador de nuestra educación y, con la imprescindible participación del profesorado, desde ANPE instamos a los responsables políticos a la búsqueda de consenso para alcanzar al menos un acuerdo de mínimos en materia educativa que dote de la necesaria estabilidad y perdurabilidad a nuestro sistema educativo.
