ANPE pide la inmediata retirada de la instrucción que regula la administración de medicamentos por parte de los docentes

ANPE pide la inmediata retirada de la instrucción que regula la administración de medicamentos por parte de los docentes

El sindicato anuncia el inicio de acción judiciales

La reciente asignación de funciones sanitarias al personal educativo excede lo previsto en la Resolución de 2015, concebida con un carácter meramente indicativo, y contraviene la normativa vigente en materia de competencias profesionales del personal docente y sanitario.

Pretender hacer creer a la sociedad, para acallar la lógica preocupación de padres y madres, que, con un cursillo, los docentes supliremos los años de formación exigidos a los profesionales de la medicina y la enfermería es un insulto a la inteligencia. Se trata de una medida populista: los padres deben de saber que sus hijos no van a estar bien atendidos.

Efectivamente, la guía para la atención al alumnado con diabetes introduce un cambio significativo al formalizar procedimientos que delegan en el personal educativo responsabilidades propias del ámbito sanitario, lo que plantea diversos problemas:

• Intrusismo profesional: la administración de medicamentos es una función inherente a los profesionales sanitarios, especialmente enfermeros, que cuentan con la formación y acreditación necesarias para realizar estas tareas de manera segura y efectiva.
• Falta de formación adecuada y seguridad del paciente: el personal docente carece de la formación sanitaria específica necesaria para administrar medicamentos como glucagón, adrenalina o insulina, lo cual podría poner en riesgo la seguridad y el bienestar del alumnado.
• Responsabilidad legal: la delegación de estas tareas al personal educativo podría generar responsabilidades legales, en caso de errores o complicaciones derivadas de la administración incorrecta de medicamentos.
• Sobrecarga de funciones: asignar tareas propias del ámbito sanitario al personal docente desvirtúa su función principal de naturaleza educativa, afectando negativamente tanto su desempeño como el desarrollo de sus competencias profesionales.

ANPE pone a disposición de los docentes sus servicios jurídicos, cuando algún docente reciba la instrucción directa para administrar medicamentos. Por su parte, si algún docente lo hace de manera “voluntaria”, también debería asesorarse sobre la responsabilidad civil y penal que asume, por las razones anteriormente expuestas y porque el documento de exoneración de responsabilidades que los padres firman es papel mojado.

Finalmente, ANPE apela al sentido común para que el responsable de este disparate dimita o sea cesado fulminantemente. Y anunciamos también la presentación de cuantas acciones legales sean necesarias.