Se equivoca gravemente quien proponga un "aprobado general"
Por varias razones.
En primer lugar, porque no se puede desconocer que el curso se ha completado en los 2/3 de duración del mismo, con notas emitidas correspondientes a la primera y segunda evaluación. Es cierto que queda un trimestre completo y que no parece probable la vuelta a las clases presenciales, pero los docentes tienen conocimiento suficiente sobre sus alumnos, quién va bien y quién va mal, y lo que necesita cada uno de ellos para continuar el curso. No se puede hacer tabula rasa, como algunos apuntan, aprobando a todos por igual, porque lo cierto es que hay alumnos que han demostrado, en los dos trimestres completados presencialmente, un mérito que los sitúa en la excelencia, mientras que otros alumnos han trabajado menos y sus notas y resultados son acordes a un esfuerzo menor.
En segundo lugar, no se puede obviar que los docentes son funcionarios obligados a cumplir con la normativa educativa. Es muy imprudente airear a través de los medios de comunicación la voluntad de que el profesorado soslaye sus obligaciones y profesionalidad juzgando a todos por igual y no a cada uno en función de su mérito, como es su cometido.
Efectivamente, la evaluación del alumnado está regulada en el Principado por Decretos que explicitan que “la Consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos que garanticen el derecho del alumnado a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad”, exigencias que no pueden ser enmendadas mediante un simple anuncio o manifestación de voluntad.
El profesorado necesita certezas para poder hacer su trabajo con rigor y fidelidad a la norma, pero, a día de hoy, no se conoce instrucción formal firmada que avale aquellas pretensiones. No es baladí, porque de las calificaciones deviene obtener o no un título habilitante para el mercado de trabajo, para continuar estudios en ciclos formativos o para acceder a los estudios deseados en la Universidad.
Para afrontar el problema no se ha dudado en señalar irresponsablemente al profesorado, a quien se le pide descaradamente que se salte las previsiones legales, con el agravante de hacer pasar por norma “acuerdos” alcanzados con el comité de directores que no tienen validez legal alguna, al eludir la administración el ámbito negociador y de decisión que viene definido por el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público).
En tercer lugar, estas pretensiones cometen una tremenda injusticia con el trabajo que están realizando profesores y alumnos. Nadie está más preocupado por los alumnos y su marcha académica que sus profesores. Los docentes han sabido reaccionar de una manera encomiable. Ha sido el profesorado el que, por iniciativa propia y apenas en un fin de semana tras la declaración del estado de alarma, ha puesto en marcha plataformas de formación a distancia desde la nada, con un esfuerzo ímprobo no siempre reconocido, decidido a que el coronavirus no trunque la trayectoria de sus alumnos y la recta final del curso. Es el profesorado quien, adaptándose a esta nueva manera de trabajar, está dedicando jornadas completas de sol a sol, sin distinguir días lectivos ni fines de semana, para atender las necesidades de los alumnos, reforzando especialmente a quien iba peor y orientando a aquellos alumnos que quieren seguir avanzando, especialmente los que cursan la EBAU.
No hay nada menos equitativo que proponer un aprobado general para todo el alumnado, entendida la equidad como “dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones” (RAE). Hablar de aprobado general perjudica a aquellos alumnos que mejor se han desempeñado en los dos primeros trimestres, a quienes no se les hace justicia por su esfuerzo y el mérito alcanzado, pero también a los que peor iban, porque se les niega la posibilidad de remontar por sí mismos (ayudarlos es una prioridad para el profesorado en estos días), por su propio esfuerzo, y no gracias a un regalo envenenado que se le hace desde la administración. “¿Para qué voy a estudiar?”, será su único aprendizaje.
ANPE está de acuerdo con que las circunstancias son excepcionales y que es necesario adaptarse, situación ya prevista en la legislación a través del mecanismo que ofrece la evaluación continua, valorando con justicia y equidad el desempeño de los alumnos a lo largo de dos trimestres presenciales ya cursados y los contenidos y competencias que se trabajen en el tercer trimestre.
Existe, finalmente, el derecho, sancionado por el Tribunal Constitucional, a la libertad de cátedra, que se quiere cercenar. Si el Principado quiere un aprobado general, que lo decrete donde tiene que hacerlo, en BOPA, no en la prensa.
