Así ha quedado patente en la reunión de la Mesa General del Principado celebrada hoy, en la que se ha avanzado la regulación del teletrabajo de los empleados públicos del Principado, excluidos los docentes.
La exclusión de los docentes no obedece a las específicas condiciones de trabajo del profesorado, sino a que el Principado no reconoce que estos profesionales estén teletrabajando a pesar de que a diario están desarrollando parte de su jornada laboral por las tardes, a la vez que siguen desempeñando su jornada lectiva ordinaria en el horario habitual de la mañana, en las aulas con los alumnos.
Esto es exactamente lo que ocurre con los docentes que tienen alumnos en semipresencialidad, que necesitan apoyos adicionales para poder dar continuidad a su aprendizaje, dadas las limitaciones que esta modalidad de enseñanza supone. Un esfuerzo que el profesorado está realizando, con sus propios medios y en horario extraescolar, para evitar que esos alumnos pierdan el hilo de la clase y se descuelguen, lo que se extiende a otros que no van bien en tiempos de covid19.
Queda patente que la Consejería va contra sus propios actos, ya que la reciente Resolución de 12 de noviembre de 2020, por la que se aprueban instrucciones para la adecuación de actividades no presenciales para el profesorado de los centros educativos públicos no universitarios como medidas extraordinarias con origen en la COVID-19, establece, contrariamente a lo que se dice ahora, de manera resumida, que las “actividades no lectivas...y reuniones de profesorado se desarrollarán de manera telemática”.
La antedicha regulación ha implicado de facto trasladar a las tardes hasta 11,25h en los cuerpos de secundaria y 3h en el cuerpo de maestros, añadidos a la jornada laboral ordinaria del profesorado, lo que implica doblar su jornada laboral e impide el derecho a la conciliación del colectivo y a la desconexión digital, en jornadas laborales inacabables y extenuantes. Nuevas obligaciones que vienen desde el inicio de la pandemia en marzo de 2019 y que se añaden a las que ya de manera habitual se desempeñan fuera de los centros educativos (preparación de clases, corrección de tareas, exámenes, planificación de actividades, actas, sauce, etc).
A la administración le sale gratis el trabajo de estos docentes, pues ni reconoce sus derechos ni les facilita los recursos informáticos ni de conectividad a internet, ni otros que se vienen usando, como la línea de teléfono, que, sin embargo, sí se reconoce al resto de empleados públicos, mientras que los profesores se ven obligados a pagarlos de su propio bolsillo, lo que supone una suerte de explotación laboral.
ANPE denuncia que, a sabiendas, la administración incumple el art. 47bis del EBEP, que establece:
- Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a distancia fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación.
- Tendrá carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados.
- Será objeto de negociación colectiva en el ámbito correspondiente y contemplará criterios objetivos en el acceso a esta modalidad de prestación de servicio.
- La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad.
Y, del mismo modo, se incumple con el profesorado el art 14 de la citad norma (EBEP), que reconoce el derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales, así como el derecho a la desconexión digital.
Sólo hay una conclusión posible: el Principado trata a sus docentes como empleados de segunda, estableciendo sin rubor dos categorías de trabajadores, con distintas condiciones de trabajo y de seguridad y salud laboral.
