ANPE rechaza la vuelta a las aulas en mayo y apuesta por clases presenciales en septiembre
Si en el otoño hay un rebrote y un nuevo confinamiento, el sistema educativo se cae, porque carece de recursos. Y la Consejería no tiene plan B.
La Consejería de Educación ha publicado el 12/5 las instrucciones para la progresiva apertura de centros a partir del próximo lunes 18 de mayo, con la incorporación de equipos directivos, del personal de administración, de limpieza y ordenanzas, a fin de propiciar el regreso a las aulas de alumnos y profesores el 25 de mayo.
El objetivo básico es ocuparse de la desinfección, la compra de equipos de protección individual y en la colocación de señalización informativa de medidas de higiene y marcas de separación interpersonal en el suelo, o la separación de pupitres a una distancia mínima de 2 metros, entre otras.
Nade hace prever que el jueves 14/5 vaya a imperar el sentido común en la reunión prevista de la Conferencia Sectorial de Educación entre el MEFP y la CCAA y que se impondrá la ocurrencia del retorno de los alumnos a las aulas el 25 de mayo en pleno estado de alarma, a pesar de las reiteradas llamadas desde el Gobierno de España a mantener el distanciamiento social y el uso de mascarillas e higiene de manos, como principales medidas para evitar el contagio.
Incongruentemente, la administración educativa sopesa seriamente escalonar la vuelta a las aulas en a partir del día 25 de mayo en Infantil, Educación Especial, 4º de la ESO, 2º de Bachillerato y último curso de FP, previsiblemente.
Sorprende especialmente que se proponga la incorporación de los alumnos de Infantil y de Educación Especial, los que menos autonomía personal tienen y con los que resulta de todo punto imposible mantener las condiciones de sanidad, higiene y de distancia social que requiere la pandemia covid19.
La verdad ha quedado al descubierto: la preocupación no es la educación, el objetivo no es asegurar la formación de estos niños, sino favorecer la conciliación laboral de las familias. Pero ni la escuela no es un parking de alumnos ni los docentes son cuidadores: para ANPE, las soluciones asistenciales para favorecer la conciliación hay que trabajarlas desde otras instituciones y con otros profesionales.
Para ANPE no tiene ningún sentido esta exposición gratuita al virus, en plena prórroga del estado de alarma, las clases lectivas nunca se han interrumpido, el curso no ha sido suspendido, el calendario escolar ha continuado, alumnos y docentes han trabajado desde el cierre de los centros en la modalidad de enseñanza a distancia, que fue habilitada con gran esfuerzo por el profesorado en muy poco tiempo, con sus propios recursos materiales (ordenador, tablet, conexión adsl, teléfono…) y contenidos curriculares, salvando la marcha del curso escolar. Un gesto de compromiso y solidaridad que la sociedad ha sabido apreciar.
De un plumazo ahora se dice que el trabajo a distancia no vale y que hay que volver a las aulas en mitad de la pandemia, despreciando el enorme esfuerzo del profesorado para poner en marcha esa modalidad de enseñanza, por la crisis del coronavirus. La desafección, el hartazgo, del profesorado por el trato que está recibiendo no está facilitando un adecuado final de curso ni, lo que es más preocupante, augura un buen inicio de curso.
Son muchas las voces que se levantan ya rechazando volver a poner sus recursos personales, pagados de su bolsillo, al servicio de una administración que ningunea su esfuerzo. Si en el otoño hay un rebrote y un nuevo confinamiento, el sistema educativo se cae, porque carece de recursos. Y la Consejería no tiene plan B.
Para ANPE, el único criterio que tiene que guiar las decisiones sobre el retorno a las aulas es el de la salud de la población escolar. Ese es el criterio utilizado, por ejemplo, para suspender las oposiciones.
Ahora se ha optado, por el contrario, por aparentar una situación de normalidad, cuando no es tal. Y lo pagaremos en forma de contagios. El escenario en el que se debería estar trabajando es la planificación del curso 20-21, el retorno a las clases en septiembre, con la suficiente antelación.
Y para ello, se necesitan instrucciones claras y precisas, que no ha habido, y un protocolo de cumplimiento obligatorio y riguroso para garantizar las condiciones de seguridad y salud de los profesores y alumnos.
No cabe lavarse las manos y cargar la responsabilidad sobre los equipos directivos, empezando por la limpieza y desinfección de los centros; la compra del material de protección personal (mascarillas, geles, guantes, etc); la organización de espacios para las entradas y salidas y el respeto de la distancia de seguridad, una tarea muy compleja dadas las características de habitabilidad de accesos, aulas, pasillos, bibliotecas, vestuarios, laboratorios, talleres, comedor, transporte o gimnasio; y, finalmente, la potestad de organizar la jornada laboral de los trabajadores.
El conflicto está servido: se pretende imponer la enseñanza bimodal, que supondría doblar la jornada laboral de los docentes, quienes tendrían que atender a estos grupos en el centro educativo en horario de mañanas y seguir el resto del día atendiendo al resto de alumnado en la modalidad a distancia.
Para terminar, desde las instituciones del Principado hay constantes llamadas a mantener la distancia social, alertando de un rebrote de la pandemia por los comportamientos sociales que se ve estos días. Los centros educativos no son islas ni arcas de Noé: allí ocurrirá lo mismo que en la calle y en las terrazas, pero con nuestros niños y jóvenes, y según alertó ayer la OMS «no se sabe con exactitud la transmisión y la gravedad del coronavirus en los niños».
