ANPE ha votado en contra del anteproyecto de Ley de Salud Escolar por considerar que una normativa de tanta trascendencia no puede carecer de la concreción necesaria que impida la atribución de funciones al profesorado que rebasan sus competencias profesionales.
La propuesta resulta ambigua respecto al papel y los límites del personal docente en la administración de medicamentos o en su implicación en tareas relacionadas con el ámbito sanitario, y no recoge ninguna de las reivindicaciones trasladadas por ANPE relativas a restringir el papel del docente al deber general de socorro. Además, el texto no protege suficientemente al profesorado frente a eventuales exigencias de intervenciones sanitarias, lo que genera una situación de inseguridad y desprotección que ANPE considera inaceptable.
La ley de salud escolar debería haber sido una oportunidad para introducir una normativa eficiente y justa que permitiese mejorar realmente la calidad de la atención y la salud en los centros educativos, apostando por la presencia estructural de profesionales sanitarios adscritos a los centros. Sin embargo, se ha desaprovechado esa oportunidad y se mantiene una propuesta que deja sin resolver los principales problemas de fondo.
Además, el anteproyecto hace referencia al deber de formación del profesorado en materia de salud escolar, pero no garantiza la concesión de horario específico dentro de la jornada laboral para recibir esa formación, aumentando la carga de trabajo y la presión sobre el profesorado, algo que ANPE rechaza rotundamente.
ANPE, en colaboración con SATSE, ya demostró su compromiso en defensa de la seguridad y las competencias profesionales del profesorado, al denunciar y conseguir la retirada de la guía sobre diabetes que pretendía imponer la administración de medicamentos a los docentes en los centros educativos de Asturias. Ambos sindicatos continúan defendiendo la implantación progresiva y generalizada de la figura de la enfermera escolar y reclamando que la atención sanitaria especializada recaiga exclusivamente en profesionales cualificados, garantizando así la seguridad tanto del alumnado como del personal docente.
